El procesamiento fue dictado por la jueza Silvia Urioste, quien calificó a Zabala como "presunto coautor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado y muy especialmente agravado". La decisión judicial llega tras una larga investigación en la que se descubrieron pruebas clave que vinculan directamente a Zabala con el atentado, entre ellas la presencia de sus huellas dactilares en una de las botellas de vino que causó la muerte de Fontana.
El asesinato de Cecilia Fontana de Heber fue parte de una serie de atentados perpetrados durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) con el objetivo de eliminar a reconocidos opositores políticos. Además de la botella envenenada enviada a la familia Heber, otras dos con veneno letal fueron remitidas al ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera y a Carlos Julio Pereyra, ambos integrantes del directorio del Partido Nacional en ese momento.
Según el dictamen acusatorio del fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, Zabala formaba parte de un "grupo de conjurados" que planeó y ejecutó los atentados con el objetivo de frustrar los contactos y negociaciones entre sectores militares moderados y líderes políticos, quienes buscaban una salida pacífica al régimen dictatorial.
La prueba clave que permitió el procesamiento de Zabala fueron las huellas dactilares encontradas en una de las botellas de vino envenenado. Estas huellas fueron relevadas en 1978 por la Policía Técnica, pero no se incorporaron al expediente judicial en ese momento, y el dato fue deliberadamente ocultado. Fue recién en 1988, ya en democracia, cuando las pruebas salieron a la luz, permitiendo la reapertura del caso. A pesar de estos avances, Zabala había logrado evadir la justicia hasta ahora.
El procesamiento de Zabala ha sido recibido con alivio y satisfacción por parte de la familia de la víctima. Fernando Heber, uno de los hijos de Cecilia, expresó en redes sociales: “A mis viejos, más de 40 años después, logramos darles un poco de paz, con verdad y justicia”. El abogado de la familia, Javier Barrios Bove, recordó los esfuerzos del político Carlos Julio Pereyra, quien hasta su fallecimiento luchó por esclarecer este crimen.
Barrios Bove declaró: “La dictadura quiso matar a tres dirigentes políticos, pudieron haber matado a tres familias enteras y mataron a una mujer inocente”. Este procesamiento representa, según él, un importante paso hacia la verdad y la justicia, aunque el fiscal Perciballe no descarta que aún haya otros responsables vivos que también deberían ser investigados.
A pesar de las dificultades que ha enfrentado la investigación, y de la muerte de varios de los implicados, este procesamiento marca un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas de la dictadura uruguaya, y es visto como un reconocimiento de que los crímenes del pasado no quedarán impunes.
La familia Heber, después de más de cuatro décadas, encuentra en este fallo judicial una pequeña porción de paz, en un proceso que, a lo largo de los años, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia del Partido Nacional.