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Hombre condenado por abuso sexual, violencia doméstica, entre otros delitos

La condena es por 8 años y seis meses de penitenciaría e incluye la suspensión del ejercicio de la patria potestad, la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área de la educación o salud, la reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a doce salarios mínimos a la víctima, así como la inscripción al registro nacional de abusadores sexuales.

Grupo CEO | Fiscalía General de la Nación
Por Fiscalía General de la Nación 23 de abril de 2024 - 15:04

La Fiscalía Letrada Departamental de Florida de 1° Turno, a cargo del Dr. Hermes Antúnez, obtuvo la condena de H.D.F.P. como autor penalmente responsable de reiterados delitos de atentado violento al pudor, reiterados delitos de violación, reiterados delitos de abuso sexual, reiterados delitos de violencia doméstica, todos ellos en régimen de reiteración real a la pena de ocho años y seis meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo.

A la condena se arribó mediante juicio abreviado el 10 de abril de 2024, habiendo sido radicada la denuncia en diciembre de 2023. Allí, la víctima (quien actualmente tiene 43 años) dio cuenta de la violencia ejercida por uno de sus hermanos (el ahora condenado) desde que tenía 17 años.

En la investigación surgió que la víctima y su hermana (un año mayor) estuvieron desvinculadas de su familia de origen desde muy pequeñas, estando en instituciones de amparo desde que tenían 4 años. En el año 1997, lograron revincularse con sus tres hermanos que vivían en la ciudad de Florida. En ese entonces la víctima tenía 17 años y decidió permanecer en casa de sus hermanos. Su hermana ya trabajaba en Montevideo, así que viajaba a Florida los fines de semana.

Según consta en la investigación, que contó con la intervención de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, el ahora condenado comenzó a ejercer violencia cuando su hermana era aún menor de edad. Siendo 10 años mayor que la víctima, aprovechaba para perpetrar los abusos ya que sus hermanos se ausentaban de la vivienda por motivos laborales. La violencia ejercida fue sexual, física y psicológica.

Producto de estos abusos, la víctima tuvo tres hijos: en 1999, en 2001 y en 2006. El indagado amenazaba a la víctima con quitarle los hijos si develaba los padecimientos sufridos y la identidad de quien la violentaba. Así se perpetuaron las múltiples violencias ejercidas por el indagado -en forma continúa e ininterrumpida- durante más de 20 años.

La víctima no solo se ocupaba del cuidado de sus hijos, sino que también de los niños que el indagado tuvo con otras parejas. En efecto, era obligada a ocuparse del cuidado de estos niños quienes también fueron víctimas de violencia por parte de su padre. Todos le tenían terror, haciendo caso siempre a lo que él quería por miedo a represalias.

Pasados algunos años del nacimiento de su último hijo en 2006, la víctima estableció una relación de pareja y continuó viviendo en su casa, en el mismo predio que el indagado. Se recabó que este seguía con sus comportamientos violentos: ingresaba cuando quería y sin permiso a la casa de la víctima, continuaban los maltratos y las amenazas, manipulándola para mantener el secreto y continuar perpetuando también los abusos sexuales.

Fue la pareja de la víctima quien -al presenciar los malos tratos ejercidos- logró que la víctima le contara los padecimientos sufridos. Con el apoyo de su pareja, la víctima también pudo radicar la denuncia policial ante la UEVDG.

La paternidad del indagado fue constatada mediante examen de ADN; confirmándose también el vinculo de hermanos entre el imputado y la víctima. Los hijos frutos de estos abusos padecen múltiples enfermedades así como otras consecuencias de la violencia padecida, tanto en su salud física como mental.

A su vez, la pericia realizada a la víctima constató la existencia de indicadores de abuso sexual específicos e inespecíficos, así como sintomatología acorde a la violencia en el vínculo incestuoso que se desarrollaron en forma crónica y continua a partir de la adolescencia.

Además, al condenado se le impuso la suspensión del ejercicio de la patria potestad, así como la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área de la educación y de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situaciones de dependencia.

Se le impuso al condenado la reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a doce ingresos mensuales del condenado o, en su defecto, doce salarios mínimos.

Por último, se dispuso la inscripción del condenado en el registro de abusadores sexuales.

Nota: Este texto fue elaborado por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía para su difusión pública.

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