Carta de Azucena Arbeleche en virtud de la Rendición de Cuentas presentada por el gobierno.

De mi mayor consideración:

En virtud de algunas afirmaciones contenidas en la Exposición de Motivos que acompaña el proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2024, considero necesario realizar algunas precisiones a nuestros representantes del Partido Nacional y, a través de ellos, a la ciudadanía.

El gobierno del Frente Amplio insiste en construir un relato fiscal que falta a la verdad, presentando una supuesta "herencia fiscal descontrolada" que no se ajusta a los hechos. Por el contrario, entre 2021 y 2024 no sólo se estabilizó la deuda pública, sino que, incluso, se redujo respecto a los niveles máximos alcanzados en 2020, como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Asimismo, el crecimiento del gasto público en el período 2020 y 2024 fue el más prudente de los últimos 20 años. El aumento real fue de apenas 1,4% anual, por debajo del crecimiento potencial estimado del PIB (en torno a 2% real anual) y muy por debajo de los incrementos observados en administraciones anteriores (entre 2,9% y 7,5% real anual). Sin embargo, de forma intencional o por conveniencia política, y sin sustento técnico se afirma que en 2024 hubo “carnaval electoral”. Las erogaciones se ejecutaron según lo planificado en la Rendición de Cuentas de 2022, aprobada un año y medio antes. El aumento del gasto real en 2024 obedeció, fundamentalmente, a una inflación menor a la prevista, lo que constituye, además, una fortaleza macroeconómica relevante para la ciudadanía, legada por nuestra administración.

Tampoco es correcto atribuir el aumento del cociente de egresos fiscales respecto al PIB a un exceso de gasto público durante el período de gobierno. Un análisis riguroso muestra que ese cociente aumentó, fundamentalmente, por un débil crecimiento del PIB, tanto en términos reales como nominales. En efecto, también los ingresos fiscales subieron respecto al PIB, si bien en menor medida, como consecuencia de que, en 2023 y 2024, tuvieron un comportamiento rezagado respecto al crecimiento económico, al contrario de lo que indica la evidencia histórica.

Rechazamos, asimismo, la afirmación de que el gobierno anterior postergó pagos asociados a la obra del Ferrocarril Central, de forma deliberada. Como se le informóal gobierno actual y se documentó en los informes fiscales, no se trató de una postergación, sino de una decisión de no proceder a iniciar los pagos por disponibilidad (PPD) vinculados al Ferrocarril Central debido a la ausencia de informes técnicos que justificaran dichos desembolsos. En paralelo, sí se ejecutaron pagos por adendas al contrato para atender problemas derivados de decisiones tomadas entre 2015 y 2020 por el gobierno en funciones, como las relativas a las expropiaciones para la obra del Ferrocarril Central. No es admisible presentar compromisos habituales como un “problema fiscal”. En el Presupuesto Nacional —y especialmente en obras bajo el régimen de Participación Público-Privada (PPP)— es común que queden compromisos a ejecutarse en ejercicios posteriores. Así ocurrió en 2020, cuando nuestra administración asumió compromisos heredados por 80 millones de dólares; en 2021 fueron 200 millones de dólares; en 2023 y 2024 fueron 300 millones de dólares. En total, el gobierno anterior heredó pagos comprometidos por PPP entre 0,2% y 0,4% del PIB, cifras superiores a las que dejamos como administración saliente, incluso sumando los contratos CREMAF.

El criterio fiscal utilizado ha sido, como siempre, el criterio de caja (registro al momento del pago) y no devengado. Por tanto, no corresponde sumar como déficit, pagos que legítimamente deben realizarse en el futuro. En adición, resulta llamativa la sorpresa del gobierno por eventuales desfasajes de caja entre 2024 y 2025 cuando, en 2019, se postergaron pagos tales como el subsidio al peaje administrado por la Corporación Vial del Uruguay (CVU), por al menos USD 34 millones, que debimos asumir en plena emergencia sanitaria. Esa postergación consta en los registros presupuestales.

En relación con el Ferrocarril Central y el caso Pluna, debe recordarse que los problemas financieros que implican esas iniciativas se originaron en decisiones políticas tomadas por el Frente Amplio durante sus gobiernos entre 2005 y 2019.

La Exposición de Motivos también sugiere que el aumento de la deuda flotante responde a prácticas irregulares. Sin embargo, mantener un cierto nivel de deuda

flotante es absolutamente habitual. En 2024, la deuda flotante fue apenas 0,1% del

PIB mayor al nivel de 2019 que ascendió a 0,5% del PIB.

Sobre el anticipo de impuestos por parte de empresas públicas, esta herramienta

fue implementada desde 2022 para optimizar el flujo de caja, y fue adecuadamente

depurada del resultado fiscal estructural. Al respecto, en febrero de este año, se

pretendió instalar el falso relato de que dicho anticipo superaba los 1.000 millones

de dólares.

Respecto a la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales

Universitarios (CJPPU), cabe recordar que el Frente Amplio gobernó entre 2005 y2020 con mayorías parlamentarias y no impulsó reformas para evitar su deterioro.

Además, en 2023, sus legisladores rechazaron el proyecto legal presentado por

nuestra administración para asistir financieramente a la CJPPU. Al ser consultado

recientemente sobre este punto en La Diaria Radio, el propio Ministro de Economía

declaró: “Es una pregunta que yo también me hago. Yo fui partidario de que

nosotros acompañáramos ese proyecto. A pesar de que creo que tenía dificultades,

yo era partidario de aprobar ese proyecto en este momento y mejorarlo ahora. Entre

otras cosas porque nos permitía tener más tiempo para trabajar en las cosas y nos

daba una restricción financiera mucho menor.”

Por todo lo anterior, entendemos que los documentos oficiales presentados por el

actual gobierno no sólo faltan a la verdad, sino que ofrecen una interpretación

sesgada del estado de las cuentas públicas al cierre de nuestra administración.

Estamos firmemente comprometidos con la defensa de la transparencia y la

institucionalidad fiscal construidas con gran esfuerzo entre 2020 y 2024, y

ratificadas por la ciudadanía incluso cuando, desde la oposición, el Frente Amplio

intentó derogarlas. Por ello, consideramos fundamental que los documentos

oficiales reflejen con rigor y veracidad la situación fiscal del año 2024, y que la

ciudadanía —destinataria última de la política económica— acceda a información

clara y precisa. Solo así es posible sostener un debate público informado y

fortalecer el marco institucional que con tanto trabajo se consolidó en los últimos

años.

Sin otro particular,

La saludo atentamente,

Azucena Arbeleche