Impacto del agronegocio en los cerritos de indios: «Construir diálogos entre la sociedad y la academia»

Gascue apuntó por su parte que los Cerritos de Indios, nombre que las propias comunidades locales le dieron a estas elevaciones, se comenzaron a construir hace unos 5000 años en territorios bajos del este de Uruguay, pero hoy no se encuentran solo en esta zona, de allí se expandieron hacia el este hasta llegar al sur de Brasil. Indicó que, aunque existen muchas hipótesis acerca de la función que cumplían los cerritos de indios, la primera y la que parece más certera, es que se utilizaban para asentarse, por tratarse de tierras bajas, la cima de estas construcciones se usaba para vivir como forma de adaptarse a zonas inundables y en la actualidad se continúan usando para establecer viviendas, hacer potreros, galpones, plantar papa y extraer tierra para mezclarla con la de su chacra. Además, los datos publicados emanados de estudios arqueológicos de restos humanos hallados en estos lugares, aportan también la información de que desde hace 1600 años los habitantes de los cerritos comienzan a enterrar a sus muertos en estas construcciones.

Bortolotto explicó que en torno a los cerritos se abrieron muchas líneas de investigación que apuntan a poder entender cómo habitaban las comunidades originarias de nuestro territorio en el pasado. Cómo por ejemplo el manejo de los suelos, el estudio de la biodiversidad, de vegetación y fauna propias de estas construcciones, restos de utensilios, herramientas, cerámica, a lo que llaman materialidad cotidiana. «Más allá de que para nosotros como investigadores e investigadoras este trabajo sea importante, es un derecho de las comunidades descendientes de los pueblos originarios conocer acerca de su pasado y un aporte que la academia puede realizar en este sentido», expresó. «Cada vez existen más colectivos organizados que se reconocen como pueblos originarias, y los cerritos como otros tipos de ocupación de los primeros pobladores de estas tierras, que datan de hace 10.000 años, son parte de nuestra historia y de nuestra memoria preexistente», afirmó.

«Los cerritos son un ejemplo de la materialidad que nos dejaron los pobladores originarios y así como preservamos y consideramos patrimonio cualquier edificio o monumento de la modernidad, estos lugares también son patrimonio, merecen ser conservados para las generaciones futuras y también como resarcimiento de las memorias que han querido ser invisibilizadas a lo largo de los años», añadió Bortolotto.

Centinelas de «memorias que han querido ser invisibilizadas durante años»

Gascue explicó que, si bien las actividades cotidianas de las poblaciones rurales modernas tenían un efecto en algunos cerritos, este era mínimo, su gran destrucción comenzó a partir de los años 80 con las obras de canalización que empieza a emprender el Estado en 1979 por un decreto de la dictadura y es aún mayor con el laboreo de la tierra para la plantación de arroz. Con la maquinaria que utilizan para el cultivo de este cereal intentan eliminar los cerritos porque son un obstáculo para esta actividad que requiere una superficie plana e inundable. «Los cerritos pequeños de las zonas donde se planta arroz están destruidos y aunque no los logran eliminar completamente, han sido sumamente impactados», resaltó. Durante trabajos de peritaje arqueológico los investigadores constataron la afectación crítica de un cerrito, que habían sido cortados por un canal excavado en el marco del Plan de Regulación Hídrica (etapa 1b), previo a la implementación del monitoreo de obra. Allí, entre otros hallazgos, encontraron restos humanos despojados de su tumba en el lecho del canal lo que motivó que informaran a la dirección de obra y realizaran las correspondientes propuestas de mitigación de impacto.

Bortolotto por su parte señaló que al transcurrir seis meses sin que se implementaran acciones de rescate de este patrimonio en riesgo, siguieron los pasos legales de denuncia. Además de informar a la empresa presentaron el caso ante la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que es la responsable de dictaminar en estas situaciones, realizaron la denuncia al Ministerio de Ambiente. La Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación se expide avalando cada una de las recomendaciones indicadas por los técnicos; no así el Ministerio de Ambiente que al día de hoy no se ha manifestado. Al no recibir respuesta de esta última institución en 2024 Bortolotto interpone una solicitud de acceso a la información pública para acceder al expediente completo, un documento de más de 1000 páginas, «pero hasta el día de hoy seguimos sin respuesta». En diciembre de 2024 los antropólogos visitaron las obras para saber cómo estaba la situación y constataron que el proceso de construcción por parte de la empresa había finalizado sin modificaciones y en 2025 la obra fue inaugurada por el gobierno nacional saliente con la presencia de las autoridades de los ministerios competentes.

Gascue resaltó que todo esto se llevó adelante a pesar del informe del equipo de investigadores y una evaluación de la Comisión de Patrimonio con una serie de recomendaciones que iban en el mismo sentido y que no fueron atendidas, así como tampoco la Ley Nº 16.466 (de Evaluación del Impacto Ambiental) «es el Estado violando sus propias normas, es algo realmente alarmante», expresó.

A las denuncias de los investigadores ante los organismos competentes se sumaron varias más de los colectivos de pueblos originarios de Uruguay, «que van cobrando cada vez más fuerza en la gestión de su propio patrimonio», resaltó Bortolotto. «Son gente a la que el Estado nunca ha consultado ni ha ido a buscar su voz en ningún tema de decisión y esas comunidades tienen que formar parte de la gestión y el uso de estos lugares», añadió.

Estos colectivos y en particular el Clan GUBAITASE Charrúa, presentaron una denuncia ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, una nueva denuncia ante la Comisión de Patrimonio del MEC y ante la ausencia de respuestas próximamente van a recurrir a ámbitos internacionales de Justicia como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, solicitaron una reunión con algunas comisiones parlamentarias como la de derechos humanos y la de género.

«Falla administrativa»

Gascue recordó que los trabajos de peritaje arqueológico fueron encomendados por el CURE en el marco de una contratación de servicios técnicos para realizar el control de obra arqueológica en el marco de las obras de canalización, impulsadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), del Plan de Regulación Hídrica de los bañados de Rocha (Etapa 1).

Cuando llegaron al lugar constataron que las obras de canalización habían comenzado, explicó Gascue. «A algunos Cerritos ya los habían afectado y a otros les pasaron por al lado, cuando existen estudios arqueológicos anteriores que establecen que hasta los 50 metros de los cerritos se pueden hallar materiales, esto era inaceptable, porque si se hubieran querido hacer las cosas bien era muy fácil mover el trazado y desviar la obra unos grados», resaltó.

Cambiar la pisada

En cuanto a las mayores dificultades para garantizar la protección y conservación de estos patrimonios culturales, para Bortolotto pasan por aspectos como: leyes actuales obsoletas y con poca aplicabilidad, ausencia de contralores, estudios de impacto privados deficientes a causa de la precarización laboral de los profesionales, escaso presupuesto para los organismos competentes como el Ministerio de Ambiente y la Comisión de Patrimonio.

Gascue entiende que una de las medidas a tomar debe ser modificar la legislación, el ámbito de aplicación de la Ley de Evaluación del Impacto Ambiental y hacer extensivo el artículo 2 de esta Ley, a otros emprendimientos productivos como el cultivo de arroz, que quedaron por fuera de la norma. «El arroz no se considera un impacto ambiental y debe ser la actividad que más sitios arqueológicos ha roto», subrayó Gascue. El único rubro del agronegocio que incluye esta ley es la forestación, pero solo en los casos de emprendimientos mayores a 100 hectáreas. «O sea, que, si un productor explota predios linderos de 99 hectáreas, puede llegar a tener 200 000 hectáreas forestadas y nunca realizar un estudio de impacto ambiental», explicó. Bortolotto añadió que además es necesario dotar de presupuesto al Ministerio de Ambiente, la cartera no cuenta con arqueólogos/as trabajando, entiende que se debería incorporar un equipo de profesionales de esta área, capacitado y que pueda abarcar todo el territorio nacional.

Desafíos

Uno de los desafíos para abordar desde la Udelar el tema del impacto ambiental para Bortolotto se vincula con que la Universidad produce información basándose en estándares internacionales «que a veces quedan muy alejados de los territorios, el reto es traducir esos lenguajes y llegar a la gente que debería ser nuestro principal objetivo». «Creo que se está trabajando en eso y que la descentralización de la Udelar ha contribuido mucho en este aspecto», añadió. Entiende que el trabajo en territorio ha impulsado que la Universidad vuelva a pensar desde qué lugar quieren desarrollar educación y para quiénes. «Es necesario que la academia enfoque su mirada en el territorio y pregunte a las personas que habitan el lugar cuáles son los cuestionamientos y no imponga los temas que identifica como problemas», sostuvo. «Construyamos diálogos entre la gente y la academia», concluyó.

En este sentido Bortolotto informó que el 3 de abril de 17 a 20 horas llevarán adelante un conversatorio en la Sala Polifuncional del CURE, sede Rocha, con el objetivo de realizar una puesta a punto de esta situación, en la que contarán con la participación de los colectivos indígenas y locales y esperan que asistan también autoridades departamentales y nacionales y medios de prensa, a los que han extendido la invitación. «La idea es discutir entre todos cómo salimos de esto porque está planteado un proyecto país que apunta a la producción de arroz y de soja, ¿vamos a seguir destruyendo los cerritos, sitios sagrados de nuestro territorio?», apuntó. «El daño ya está hecho, la idea ahora con todo esto es tratar de que la historia no vuelva a repetirse», afirmó por su parte Gascue.