La apertura del evento estuvo a cargo de Rodrigo Arim, rector de la Udelar; Carmen Midaglia, decana de la FCS; y Karina Batthyány, docente de la FCS y directora Ejecutiva de CLACSO. La moderación de la mesa estuvo a cargo de Pablo Vommaro, Secretario Académico de CLACSO.
Vommaro resaltó que el intercambio en este foro «implica abordar estos temas en la región más desigual del mundo», algo que ha sido comprobado por cifras y estadísticas que resultan de diversos estudios. Si bien África es la zona más pobre del mundo, en América Latina las relaciones de asimetría se dan en un nivel mucho más profundo que en otras regiones. Destacó la importancia de abordar estas cuestiones desde una perspectiva multidimensional o interseccional, ya que la trama de las desigualdades sociales incluye «múltiples exclusiones, discriminaciones y opresiones que obturan posibilidades de desarrollo económico integral, sustentable y amenazan a nuestras democracias y afectan diversas dimensiones de la ciudadanía».
Política para la igualdad
Arim señaló que participaba de este evento como rector de la Udelar y también desde su trayectoria como investigador en el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, donde trabajó sobre temas de desigualdad y pobreza. También destacó la relevancia de que el Consejo Directivo de CLACSO esté sesionando en Montevideo y en la Udelar.
El rector afirmó que este foro es importante y pertinente, ya que en América Latina y el Caribe históricamente «las desigualdades estructurales hirientes que la ubican en un lugar de poco privilegio a nivel internacional». Señaló que hasta la década de los 90 la economía percibió la desigualdad como un problema «marginal y transitorio» que iría a reducirse gracias al crecimiento económico. Esta postura, que atendía al problema de la pobreza pero no al de la desigualdad, estaba muy consolidada; paradójicamente comenzó a desmoronarse «desde el norte» a mediados de esa década, planteó, ya que en Europa y Estados Unidos comienzan a producirse niveles de desigualdad que cuestionaban sus bases de convivencia ciudadana. Es así que se presenta el desafío intelectual de pensar los problemas de la desigualdad «como propios de la disciplina económica». Autores como Anthony Atkins tomaron ese desafío y se observó un cambio de paradigma en la economía; así lo confirman dos Premios Nobel entregados a Amartya Sen y a Angus Deaton, explicó Arim.
Recordó que en las primeras décadas del siglo XXI en América Latina y el Caribe hubo una reducción de la desigualdad y existe un consenso de que esta se produjo a causa de políticas impulsadas en el marco de gobiernos progresistas. «No hay posibilidad alguna de que avancemos en una agenda de mayor equidad e igualdad sin que medie la política», afirmó. También marcó una paradoja que se da actualmente entre las agendas políticas y las agendas académicas: mientras algunos gobernantes niegan la desigualdad, en la academia esta problemática es reconocida en sus diferentes aspectos. Observó que por delante se presenta el problema de «cómo desde la investigación social volvemos a ubicar en la arena de la discusión política cotidiana y de la percepción ciudadana, a la desigualdad como un problema sustantivo» y para ello algunas preguntas fundamentales a enfocar son: «¿Qué entendemos por justicia? ¿Cuál debe ser un arreglo institucional que promueva la justicia como algo deseable ética y socialmente hablando?».
Nudos críticos
Batthyány agradeció a todas las personas que trabajaron para realizar este evento. Explicó que este se enmarca en el programa «Plataformas para el diálogo social» desarrollado por CLACSO en toda la región, con el objetivo de poner en articulación el conocimiento, las políticas públicas y los movimientos y organizaciones sociales, por ello este foro incluyó a representantes de los tres ámbitos. Señaló que este trabajo se aborda sin dejar de lado el contexto político que se vive en la región y particularmente en Uruguay, que se encuentra en año electoral, se busca aportar a un debate «donde las temáticas de las desigualdades debería ser tema central de discusión». Anunció que el programa del foro incluía instancias de formación de posgrado y que en esa misma jornada se realizaría la presentación del libro Antología esencial de Rosario Aguirre, socióloga uruguaya que ha contribuido al desarrollo de la sociología y particularmente de la sociología de género.
Informó que para este evento se seleccionaron algunas dimensiones de las desigualdades, como la socioeconómica, y al respecto señaló que en la región se constata un índice de Gini de casi 4,5%, casi de la población se encuentra en condiciones de pobreza y 12% en condiciones de pobreza extrema. También se abordarían las desigualdades étnicoraciales y las territoriales. Asimismo se incorporaron las desigualdades vinculadas a las tecnologías de la información y comunicación; en este sentido Batthyány indicó que los datos revelan que en América Latina y el Caribe solo una de cada dos personas tiene acceso a internet y en el foro se intercambiaría sobre cómo están afectando estos procesos de desigualdad a las democracias en la región. Respecto a desigualdades de género, que también se incluyen en el foro, destacó que 17 países de la región se encuentran discutiendo sobre sistemas y políticas de cuidado mientras que Uruguay, que fue referente en esta temática, hoy está en continuo retroceso. En la temática de cuidados se ubica uno de los «nudos críticos» de la desigualdad y de las formas de bienestar, afirmó.
Eficiencia y desigualdad
Por su parte Midaglia comentó aspectos relativos a un trabajo de investigación sobre desigualdad socioeconómica llevado adelante por un equipo de la FCS que ella integra, con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Udelar. El estudio se basa en una encuesta sobre expectativa de bienestar en Uruguay elaborada de acuerdo a parámetros que pueden encontrarse en investigaciones similares de otros países de la región. El equipo intenta analizar si las políticas públicas en el área de la protección social han generado ineficiencias políticas con costos significativos, y a la vez si tienen costos políticos para la convivencia social y para la democracia, tal como sostiene el discurso económico eficientista, señaló la decana.
Expresó que entre las y los uruguayos hay una cultura «no antiestatista», consideran necesaria la intervención del Estado en la provisión de diferentes bienes sociales y valoran particularmente su responsabilidad en la salud y en la educación. También conocen las políticas focalizadas dirigidas a los sectores más vulnerables y en particular, consultadas sobre las transferencias de renta, el 71% considera que son adecuadas y que deberían recibirlas los sectores pobres y extremadamente pobres. A la vez, el 87% considera que el Estado debe regularlas y controlarlas «debido a que no se puede confiar en los grupos poblacionales». Reflexionó que «el diseño de este tipo de políticas públicas y de su institucionalidad se puede transformar en una fuente de desigualdad».