El Departamento de Investigación de Delitos Financieros, de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol (DGLCCO e Interpol), recibió una denuncia de estafa por parte de una mujer, la que expresaba que con su tarjeta de crédito se realizaron 111 compras, desde el mes de febrero al mes de marzo de 2024, en 54 comercios de distintas localidades del país. Estas compras ascendían a más de 114.000 pesos.
De acuerdo a la víctima, descubrió la maniobra fraudulenta al acudir a la sucursal de la entidad crediticia para abonar su cuota mensual y percatarse del monto adeudado, el que desconocía ya que llevaba aproximadamente cuatro meses sin hacer uso de la tarjeta, por lo que sospechó que podía haberla extraviado.
A su vez, presentó un listado detallado de las compras realizadas sin su conocimiento.
A raíz de esto se realizó una investigación en la que se recabó información de los distintos comercios en los que se efectuaron las compras, al tiempo que se trabajó con apoyo de DIVARU, que aportó registros de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, todo lo que derivó en la identificación de al menos tres móviles de la Patronal de Radio Taxi que participaban en la maniobra, los que arribaban a los comercios en la fecha y hora que se habían realizado las compras.
Tras esto, y con la colaboración de la Patronal de Radio Taxi, se logró establecer que las personas implicadas serían dos profesionales del transporte, choferes de los taxis, quienes realizaban las compras con la tarjeta de la víctima.
Con base en las pruebas recopiladas, la Fiscalía de Flagrancia de 7° turno solicitó a la Justicia órdenes de allanamientos y detención; una vez efectuadas se puso a las personas detenidas a disposición judicial.
Posteriormente, el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 39° Turno, condenó a P.M.O.N “como autora penalmente responsable de un delito de estafa, recibiendo una pena de ocho meses de prisión, sustituida por el régimen de libertad a prueba”.
En cuanto a G.W.A.L, se lo condenó “como autor penalmente responsable de reiterados delitos de estafa”, disponiéndole “una pena de 16 meses de prisión, también sustituida por el régimen de libertad a prueba”.
De acuerdo a las autoridades de la DGLCCO e Interpol, la operación Green ha demostrado la eficacia de la colaboración entre distintas entidades y el compromiso de las autoridades en la lucha contra los delitos financieros.