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SUSCRIBITEFue en el marco de la operación “Baikal” llevada adelante por el Área de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Salto
De acuerdo a tareas de inteligencia realizadas por el Área de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Salto, se obtuvo información que el pasado martes 27 de agosto, un vehículo cruzaría el Puente Internacional de Salto Grande hacia la ciudad de Concordia.
Se dispuso de varios puntos de vigilancia y un puesto de control en Avenida Luis Batlle Berres y Camino Paso Curbelo, antes del ingreso a la ciudad, y sobre las 8:00 de la mañana se identificó al vehículo saliendo de una vivienda en las calles Lucas Píriz y cruzar el puente hacia Concordia.
Más tarde el vehículo regresó al país y al ver el puesto de control realizó una maniobra imprudente e ingresó hasta el portón de seguridad de una chacra privada donde fue interceptado.
En el vehículo viajaban tres mujeres y en la inspección se encontró 180 desodorantes, 55 shampoo, 89 acondicionadores y cuatro paquetes de grasa.
Las mujeres fueron detenidas y se les incautó los celulares.
Continuando con la investigación referente a operación “Baikal” y de acuerdo a la información obtenida del celular de una de las detenidas, se estableció que mantenía conversaciones con un funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas.
A raíz de esto, se allanó los dos domicilios del funcionario público donde fue detenido y la Policía incautó, una camioneta, tres celulares, una notebook, dos router con cargador, 84 municiones de distintos calibres, dos vainas calibre 22, 29 cajillas de cigarrillos, 20 botellas de whisky, además de carne ovina, de ciervo y chorizos, 150.910 pesos uruguayos, 1.250 dólares y 1.662 reales.
Culminadas las actuaciones judiciales se dispuso la condena de dos de las detenidas, una como como coautora responsable de reiterados delitos de cohecho calificado en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de contrabando a la pena de 20 meses de libertad a prueba, y la otra como como coautora responsable de reiterados delitos de contrabando a la pena de 12 meses de libertad a prueba.
Para el funcionario público de 45 años, se formalizó la investigación por la presunta comisión de reiterados delitos de contrabando especialmente agravado y un delito continuado de hurto de energía, y se le impuso como medida alternativa la prisión preventiva por 180 días.