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SUSCRIBITEEste jueves 12 de setiembre, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) -a través de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad- y la Asociación Down del Uruguay realizaron la jornada de intercambio "Experiencias y desafíos en el ejercicio de los derechos de las personas con Síndrome de Down".
El objetivo de la actividad fue visibilizar la situación actual de las personas con síndrome de Down y promover el cumplimiento de sus derechos educativos, laborales y civiles. Se presentaron expertos en la temática, experiencias de trabajo conjunto con otros organismos y testimonios de trayectorias educativas y laborales de personas con esta discapacidad.
Integraron la mesa de apertura la directora de Discapacidad del MIDES, Karen Sass; la directora del Banco de Previsión Social (BPS), Araceli Desiderio y la presidenta de la Asociación Down del Uruguay, Fernanda Montero.
En su oratoria, Montero manifestó que las personas con síndrome de Down son una población históricamente excluida, una realidad que se evidenció en el segundo relevamiento nacional de la situación de las personas con síndrome de Down, presentado por la Asociación en 2023 y que refleja la desigualdad que aún existe. “Para nosotros como organización los datos fueron muy sorprendentes, nos impactó que a pesar de los avances normativos que se han realizado con respecto al reconocimiento de los derechos de este colectivo, el ejercicio de los derechos no existe en una cantidad de dimensiones”, afirmó.
La directora del MIDES, por su parte, resaltó el rol clave de la sociedad civil en todos los espacios de participación creados por ley para tener la voz de las personas con discapacidad. Explicó que estas jornadas no solo sirven para identificar dónde están las dificultades, sino también para pensar buenas prácticas y mostrar caminos con el objetivo de modificar las acciones que correspondan. "El objetivo es que la normativa se traduzca en acciones concretas", informó Sass.
Por último, recordó la reciente promulgación de la Ley del Baremo Único para la valoración de la discapacidad y la presentación del proyecto de ley sobre la reforma de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, dos hechos que representan hitos a nivel de conquista de derechos para esta población.