La integración del ambiente en la política económica se basó en una visión estratégica que se sustenta en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la relevancia a nivel global de la conservación del ambiente y su influencia en la generación de empleo, en particular para economías pequeñas y abiertas. En segundo lugar, la visión de que los incentivos “positivos” resultan más eficientes que los “negativos” para estimular comportamientos virtuosos, donde es necesario y conveniente tomar acciones en el corto plazo para evitar costos y aprovechar oportunidades en el mediano plazo. Esta visión estratégica fue impulsada a nivel global través del rol que la Ministra de Economía y Finanzas tuvo como Presidenta del Comité de Desarrollo del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial durante 2022, ámbito en el que promovió la incorporación explícita de los compromisos ambientales en el diseño de instrumentos financieros.
Siguiendo esta visión estratégica, se realizaron en Uruguay cambios institucionales y se asumieron compromisos con fuerza de Ley. En julio de 2020 se creó el Ministerio de Ambiente y en la Ley de Presupuesto Nacional 2020 – 2024 se declaró específicamente que el país procurará que la planificación y diseño de las políticas económicas y las finanzas públicas contemplen los objetivos nacionales de cambio climático.
Se implementaron acciones innovadoras en materia de financiamiento soberano sostenible promoviendo el uso de incentivos financieros positivos. En octubre de 2022, Uruguay emitió su primer Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático, asociando la tasa de interés a pagar al logro de las metas climáticas y de conservación del capital natural del país. Otro paso sustantivo se dio en mayo de 2024 al suscribir un préstamo soberano con el Banco Mundial que premiará con una significativa reducción de la tasa de interés el cumplimiento de objetivos climáticos asociados a la ganadería sostenible.
También con el objetivo de canalizar financiamiento hacia actividades que contribuyan a una producción de menor impacto ambiental, en octubre de 2024 se lanzó la herramienta SiGa Ambiente. Su objetivo es facilitar el financiamiento de Mipymes en sectores o inversiones que contribuyan a una producción de menor impacto ambiental, mediante la reducción del 50% de la comisión cobrada por el uso de garantías en el Sistema Nacional de Garantías.
Asimismo, se rediseñaron impuestos y subsidios para la promoción de la movilidad sostenible. En 2021, se estableció en 0% el IMESI en la primera enajenación de vehículos eléctricos y rediseñó el IMESI a las naftas automotoras de forma de hacer explícito su contenido de CO2, lo que empezó a regir en 2022. De esta forma, Uruguay explicitó un gravamen que indirectamente ya estaba siendo impuesto en estos combustibles e ingresó en la lista de países que gravan las emisiones de gases de efecto invernadero con una de las tasas más altas a nivel mundial.
En 2024, luego de un importante trabajo interinstitucional, se concretó el rediseño del subsidio al boleto del transporte colectivo de pasajeros, de forma de promover la incorporación de ómnibus eléctricos a la flota. Esto constituye un hito en la electrificación y modernización del transporte colectivo de pasajeros, que se estima habilitará a la incorporación de 270 unidades eléctricas entre 2024 y 2025, que se sumarán a las 45 que se encontraban en circulación al finalizar 2023.
Uruguay ha mostrado la importancia de integrar la sostenibilidad ambiental en la política económica no solo como una necesidad urgente, sino como una oportunidad para fortalecer la competitividad del país, crear empleo y garantizar un desarrollo sostenible. La creación de un marco institucional sólido, con coordinación interministerial y la implementación de instrumentos innovadores han sido claves en esta hoja de ruta que es fundamental consolidar para garantizar un impacto duradero.
